La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2009, ha declarado en el asunto que enfrentaba a Sogecable con las entidades de gestión de derechos de explotación AISGE Y AIE, que las tarifas de la remuneración equitativa por copia privada no pueden fijarse de manera unilateral por el acreedor sin tener en cuenta los criterios de equidad en su cálculo.

Asimsimo, ha establecido también que son competentes los tribunales para fijar, en juicio de equidad, dichas cuantías.

Un último dato de lo más interesante lo ha supuesto el hecho de que se invalide el parámetro de los ingresos de explotación del sujeto al pago como baremo para la fijación del importe del canon que se ha de cambiar por el del criterio de efectividad del uso del repertorio por el que se cobra al obligado al pago.

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El juzgado de primera instancia número 72 de Madrid ha condenado a Makro a indemnizar con 400.000 euros a Calvin Klein por desprestigiar el aura de lujo que rodea sus marcas de perfumes y colonias, así como a dejar de comercializar en sus centros dichas fragancias, ya que fueron compradas fuera del Espacio Económico Europeo.

Concretamente, Calvin Klein, titular de las marcas ‘Eternity’, ‘Escape’, ‘Calvin Klein’, ‘Contradiction’, ‘Truth’, ‘CK One’ y ‘CK Be’, se oponía en su demanda a una venta “indiscriminada y con nulo gusto” en lineales anexos a aquéllos en los se ofrecen productos de alimentación o de otra índole.

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Llega el tiempo estival y con él la necesidad de instalar aparatos de aire acondicionado en viviendas y edificios y se plantea entonces determinar si es precisa la autorización de la comunidad de propietarios para ello y, en tal caso, qué mayoría se exige legalmente para obtener el acuerdo de autorización.

A la primera interrogante hemos de contestar que, en principio, si la instalación del aire conlleva la fijación en algún elemento de la fachada o de la cubierta del edificio de un aparato se precisaría la previa aprobación de la Comunidad de Propietarios. Históricamente, dado que se entendía que ello afectaba a un elemento estructural del inmueble, se precisaba la unanimidad. Este criterio se ha ido flexibilizando con el paso del tiempo y a día de hoy los tribunales solamente exigen un acuerdo por mayoría por aplicación del artículo 3.1 del Código Civil y en interpretación del propio espíritu de la reforma de la LPH de 1999.

En todo caso, antes de plantear la instalación hay que consultar los estatutos de la comunidad de propietarios para conocer si existen normas estatutarias que hayan previsto mayorías concretas necesarias para la adopción de los acuerdos de instalación e, incluso, que puedan prever los criterios sobre el lugar y/o forma en que ha de llevarse a cabo la misma (fachadas interiores, en cubierta o en terrazas, salida del aire…).

Una vez comprobado lo anterior, en la casuística es donde encontramos mayores problemas, como en casi todos los casos de Propiedad Horizontal, porque existen situaciones donde la instalación de estos aparatos ha venido siendo consentida o tolerada aunque no aprobada formalmente por la Junta de Propietarios. ¿Qué sucede entonces con las nuevas instalaciones?.

La Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, a medida que este tipo de commodities, se ha ido consolidando ha entendido que la utilización del aire acondicionado se trata de un uso social que cada vez se va configurando más como un “irrenunciable” por cuanto contribuye notablemente a mejorar la calidad de vida (3.1. CC), por lo que no debe haber muchas trabas a su instalación pues en otro caso, además, se quebraría el principio de igualdad y el de equidad (principio éste básico de resolución de conflictos en Propiedad Horizontal), si bien, la misma debe hacerse con sujeción a determinados criterios en orden, sobretodo, a no romper la estética del edificio y no molestar con la salida de aire a los vecinos.

Dicho esto, como decimos, se ha abierto paso una importante línea jurisprudencial que ya ni siquiera exige la previa aprobación por mayoría en el seno de la comunidad de propietarios cuando existen otros aparatos ya instalados. En este caso, según la doctrina de las Audiencias provinciales de Zaragoza, Valencia, Madrid, Baleares y Murcia, entre otras, ello se podrá llevar a cabo si se cumplen determinados criterios o requisitos:

1.- Cuando el tamaño del aparato no sea desmedido

2.- Que la instalación del mismo no sea inamovible.

3.- Que no se realice la instalación en la fachada principal.

4.- Que no supongan la rotura de muros comunes.

5.- Que no causen daños específicos y sensibles a los demás propietarios: ruido excesivo, proyección de los gases a otras viviendas…

Carlos Ucelay Rodríguez - Salmones

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Aprovechándose el proyecto de ley de la oficina judicial, se pretende reformar el art. 23 LOPJ, de forma que, para que la Audiencia Nacional sea competente, debe de existir una conexión directa entre España y la causa que se pretende
instruir (la reforma tendrá carácter retroactivo). Según Carlos Dívar, no nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo, ni estar en permanente conflicto diplomático.

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Mediante Orden 430/2009, de 4 de junio, del Consejero de Sanidad, se garantiza el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita a las personas que causen baja en los regímenes de la Seguridad Social por cese en la actividad laboral, incluso cuando se agote la prestación contributiva de desempleo. Así, cualquier persona que haya extinguido el subsidio por desempleo puede solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria ante su centro de salud, de forma que tanto él como sus familiares tendrán derecho a la asistencia de por vida siempre que se mantengan las circunstancias que dieron origen al nacimiento de este derecho.

Para ver el texto íntegro de la disposición, pulse aquí.

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Se publica el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores que, entre otras novedades, prevé:

• El reconocimiento recíproco de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros de la UE, señalando períodos de vigencia más uniformes.
• Así como el establecimiento, por una parte, de un modelo único de permiso de conducción para la UE.
• Establecimiento de una red europea, o registro común de permisos de conducir, que permita a los Estados miembros el necesario intercambio de información sobre los permisos que hayan expedido, canjeado, sustituido, renovado o anulado.
• Destaca la nueva clase de permiso A2 que autoriza a conducir motocicletas de potencia media.
• Igualmente, se prevé la posibilidad de autorizar con el permiso de clase B la conducción de conjuntos de vehículos que excedan de 3500 kg, sin rebasar los 4250 kg.
• Asimismo, se crea una nueva categoría de permiso, ésta sí con eficacia en el espacio comunitario, la clase AM, licencia para conducir ciclomotores, estableciendo los quince años como edad mínima para obtenerlo, y los dieciocho años para que autorice a transportar pasajeros.

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El pasado día 20 de enero de 2009 el sentencia-del-tribunal-de-justicia-gran-sala-de-20-de-enero-de-2009 ha dictado una importante sentencia en materia de vacaciones.

El TJCE deja sentado que el Derecho Comunitario, a través de la Directiva 2003/88/CE, garantiza el derecho de los trabajadores a las “vacaciones anuales retribuidas”, con independencia de su estado de salud y el derecho a la “licencia por enfermedad” cuando se esté incapacitado por el trabajo, sin permitir ningún tipo de excepción.

En efecto, según el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. El TJCE subraya que este derecho se reconoce a todo trabajador, con independencia de su estado de salud.

De este modo, un trabajador que durante todo el período de devengo de las vacaciones anuales no haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar este derecho por haberse encontrado en situación de baja por enfermedad, tendrá derecho a disfrutar sus vacaciones anuales retribuidas una vez finalizada la baja por enfermedad. Y ello porque se trata de un permiso garantizado por el Derecho Comunitario que no puede menoscabar el derecho a disfrutar de otro permiso garantizado por ese mismo Derecho.

El TJCE matiza que, como una vez finalizada la relación laboral, ya no resulta posible disfrutar de modo efectivo las vacaciones anuales retribuidas, a fin de evitar que, como consecuencia de esta imposibilidad, el trabajador quede privado de todo disfrute del mencionado derecho, el mismo tendrá derecho a una compensación económica, con fundamento en el artículo 7, apartado 2, de la mencionada Directiva.

Para terminar, el TJCE añade que estos mismos derechos tendrán las trabajadoras que hayan estado de baja por maternidad.

REPERCUSIÓN EN NUESTRO DERECHO INTERNO: Aunque la incidencia de las bajas por maternidad o incapacidad temporal derivadas del embarazo, el parto o la lactancia natural en las vacaciones ya ha sido resuelta por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, al haber modificado el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, esta sentencia obliga a nuestros tribunales a cambiar su criterio sobre el disfrute de las vacaciones tras un período de incapacidad temporal derivado de enfermedad hasta que se reforme nuestra legislación.

Tradicionalmente el Tribunal Supremo ha venido entendiendo que, salvo pacto en contrario entre empresa y trabajador, las vacaciones deben disfrutarse en el año natural en el que se devengan, lo que supone que los días que no se hayan disfrutado a 31 de diciembre del año en curso se pierden. A partir de ahora, el trabajador tendrá derecho a ellas aun cuando transcurra el año natural completo en situación de baja por enfermedad.

Inés Ucelay Urech.

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Establece el artículo 22.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (en adelante, LPH), la responsabilidad de la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal frente a reclamaciones de créditos por parte de terceros al prescribir que aquélla: “responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor”. A continuación, para mayor efectividad y garantía de su crédito, el mismo precepto permite al acreedor dirigirse contra la masa patrimonial de cada uno de los propios condueños en proporción a su cuota en la cosa común. Para ello, dispone la Ley que será necesario que: 1) se les haya requerido fehacientemente y 2) los mismos hayan formado parte del proceso.

El primer requisito no ofrece dudas. En cuanto al segundo, se trata del tipo de procedimiento que, según el sentir unánime de la doctrina y la jurisprudencia, ha de ser el judicial, es decir que ha de dirigirse una reclamación judicial contra cada uno de los copropietarios, además de la dirigida contra la comunidad.

Dicha regulación no solamente supone aumentar los problemas de todo tipo (éxito de las notificaciones, postulación…) que conlleva incrementar la existencia de múltiples demandados en el proceso, sino que se ve complementada por otra mención legal; la del artículo 22.2 que solamente permite hacer efectivo el cobro en proporción a la cuota de cada vecino. Y no solo eso, el carácter tuitivo de la LPH sobre los copropietarios también se expresa en la salvedad más importante de este derecho del acreedor; aunque se cumpla todo lo anterior, no se podrá hacer efectiva ninguna reclamación siempre que el copropietario demandado se encuentre al corriente del pago de los gastos de comunidad y lo acredite.

Es decir, que después de todo el viaje que hemos realizado, si el copropietario se encuentra al día en sus pagos a la comunidad, el resultado será que se habrá visto vacío de contenido el derecho de aquél que contrató con la comunidad (normalmente empresas de suministros o proveedoras de servicios a la comunidad como: eléctricas, gasistas, servicios de conservación y mantenimiento, aire acondicionado…).

A la vista de tal regulación nuestro parecer es que no es ésta la mejor manera de ofrecer seguridad jurídica a los terceros que contratan con las comunidades de propietarios, máxime cuando la litigiosidad de este ámbito social va en aumento.

No obstante lo anterior, no parece ofrecer dudas que la reclamación inicial contra la propia comunidad, en cuanto ente sin personalidad jurídica, podrá dirigirse también contra las cuotas futuras del fondo de reserva que por Ley debe dotar la comunidad de propietarios.

Carlos Ucelay Rodríguez - Salmones

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El distribuidor no contaba con la autorización del titular de la marca, que era la casa de moda Dior, para distribuir los productos de aquélla. El Tribunal ha entendido que la venta a través de un canal de outlet perjudicaba la imagen de marca exclusiva y vulneraba, por ello, los derechos de lincenciamiento de la titular sobre la marca.

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La Sala Civil del Tribunal Supremo declara que el mero retraso del pago en los contratos de arrendamiento donde si fije el plazo para hacerlo, permite su resolución y desahucio en un caso donde se había existido un procedimiento anterior de desahucio en el que demandado arrendatario había enervado a acción al pagar lo que debía antes de acudir a la vista.

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